El desvío de 78.517 millones 595 mil 205 pesos, destinados para subsidiar las tarifas de los estratos 1 y 2, y que fueron utilizados para enjugar las pérdidas de Electricaribe, motivó a la Procuraduría General de la Nación para la apertura formal de una investigación disciplinaria contra los directivos que estuvieron al frente de la empresa en los períodos 2015 y 2016.

La investigación fue abierta con fundamento en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que estableció dicho desvío en perjuicio de los usuarios de la Costa Caribe.

Dentro de la investigación, el Ministerio Público también verificará la responsabilidad de la totalidad de los funcionarios y directivos que tenían a su cargo el manejo de dichos recursos girados por el Gobierno Nacional.

En la auditoría realizada por el ente fiscal, para la vigencia 2015 fueron analizadas 9 millones 913 mil 985 facturas, de las cuales 7 millones 319 mil 283 (73,82%) presentaron diferencias por 38.056 millones 321 mil 123 pesos.

En la vigencia 2016 fueron analizadas 10 millones 139 mil 994 facturas, de las cuales 7 millones 516 mil 566 (74,12%) registraron diferencias por 40.461 millones 274 mil 082 pesos.

En total, fueron analizadas 20 millones 053 mil 979 facturas, de las cuales 14 millones 835 mil 849 (73,97%) presentaron diferencias en detrimento de los usuarios.

Para estas dos vigencias, el Gobierno Nacional le giró a Electricaribe la suma de $369.009.7 millones para subsidiar las tarifas de los estratos 1 y 2, de los cuales $168.605.5 millones en 2015 y $227.404.2 millones en 2016.

Adicionalmente, la Contraloría seleccionó siete municipios con altos NBI, alrededor del 50%, para realizar un análisis de la magnitud del impacto de esta aplicación indebida de los recursos en los usuarios. Se seleccionó un municipio de cada departamento que atiende la empresa, con los siguientes resultados:

- Ponedera - Atlántico: 98.455 facturas analizadas, de las cuales 83.622 (85%) registraron diferencias por 443 millones 812 millones 196 pesos.

- Villanueva - Bolívar: 114.983 facturas analizadas, de las cuales 83.010 (72%) presentaron diferencias por 411 millones 051 mil 580 pesos.

- Pueblo Bello - Cesar: 51.551 facturas analizadas, de las cuales 30.777 (60%) registraron diferencias por 93 millones 45 mil 498 pesos.

- Canalete - Córdoba: 86.016 facturas analizadas, de las cuales 64.879 (75%) presentaron diferencias por 280 millones 559 mil 784 pesos.

- Uribia - La Guajira: 62.140 facturas analizadas, de las cuales 42.762 (69%) presentaron diferencias por 281 millones 330 mil 557 pesos.

- San Zenón - Magdalena: 42.610 facturas analizadas, de las cuales 28.195 (66%) registraron diferencias por 117 millones 233 mil 727 pesos.

- Majagual - Sucre: 196 mil facturas analizadas, de las cuales 153.693 (78%) presentaron diferencias por 868 millones 541 mil 795 pesos.

En resumen, en estos siete municipios típicos, fueron analizadas 651.755 facturas, de las cuales 486.938 (72%) presentaron diferencias por 2.495 millones 575 mil 137 pesos.

“Consecuencia de lo anterior, se derivó un daño al patrimonio público, representado en el menoscabo de los recursos públicos generado por la indebida aplicación que de ellos hiciera Electricaribe S.A. ESP., por la gestión fiscal desplegada en forma ineficaz, al no haber destinado los mismos al cumplimiento de la finalidad estatal esencial para la cual le fueron entregados que era subsidiar el consumo de energía de los más pobres, resultando en una desviación de estos recursos que finalmente se aplicaron para enjugar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa y para cuyo control la ley tiene establecido instrumentos y procedimientos diferentes al adoptado en el presente caso, generando a juicio de este órgano de control un detrimento al patrimonio público en cuantía de $78.517.595.205, para las vigencias 2015 y 2016”, señala la auditoría fiscal.